El primero de los casos que tiene el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), como blanco en el ámbito de la operación Lava Jato – relacionado al "tríplex de Guarujá" – tuvo su primera sentencia pronunciada este miércoles (12). El juez federal de primera Sérgio Moro, responsable por la operación en Curitiba, ciudad del estado de Paraná, en el sur del país, condenó a Lula a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción y lavado de dinero.
Todavía es posible recurrir la decisión del juez a través de recurso al Tribunal Regional Federal de la 4ª Región. Solamente si la condena se repite en la segunda instancia, Lula estará inhabilitado a disputar las elecciones presidenciales de 2018, debido a la llamada "Ley de Ficha Limpia"; y solo tras eso puede ser preso. Lula lidera todos los escenarios en las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2018.
El ex presidente fue acusado por el Ministerio Público Federal de recibir coimas referentes a tres contratos entre la constructora OAS y la Petrobras. Un apartamento tríplex en Guarujá, en el litoral del estado de São Paulo, supuestamente fue entregado a Lula como parte de esas negociaciones. Según la Fiscalía, que pidió la prisión, Lula podría haber cometido corrupción pasiva y lavado de dinero.
Según el juez Moro: "Entre los crímenes de corrupción y lavado de dinero, hay 'concurso material' [cuando la misma persona practica dos crímenes distintos y se suman las penas], motivo por lo cual las penas llegan a nueve años y seis meses de reclusión, que reputan definitivas para el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva".
Los procuradores solicitaron la condena del ex presidente a prisión en régimen cerrado y el pago de una multa de más de 87 millones de reales, 26,3 millones de dólares.
Sesgo político
Lula se volvió reo en este caso en septiembre de 2016. Uno de los puntos más importantes para el proceso fue el cambio de las declaraciones de Léo Pinheiro, ex director ejecutivo de la constructora OAS. La prensa comunicó que antes de su condena, no se sabe por qué, su propuesta de delación premiada había sido descartada por el Ministério Público Federal. En aquel momento, diversas publicaciones señalaban que Pinheiro no involucraba el ex presidente en sus relatos.
Después de su condena, se aceptó la propuesta de delación de Pinheiro. En la delación, el empresario afirmaba que el tríplex pertenencia a Lula.
En cambio, la defensa de Lula presentó un conjunto de pruebas que señalaba la imposibilidad de la constructora OAS transferir la propiedad a Lula, aunque informalmente. Los abogados del ex presidente presentaron documentos, constantes en el proceso de recuperación judicial de la contratista, que indicaban que el apartamento tríplex fue ofrecido como garantía en operaciones financieras y que, por lo tanto, no podía pertenecer a Lula.
En el alegato final, la defensa reiteró tal afirmación agregando nueva prueba: la OAS cedió los derechos económicos y financieros del edificio del apartamento tríplex a la Caixa Económica Federal, banco estatal brasileño. Es decir, para que alguien obtuviera el apartamento, incluso la contratista, debería realizar pagos al banco, lo que demuestra que el edificio en Guarujá no podría ser contabilizado como patrimonio de la constructora OAS y, por ese motivo, no podría ser ofrecido a Lula como coima. Este hecho, según la defensa, prueba que el ex presidente jamás ha sido propietario del inmueble, lo que vuelve inviable jurídicamente la condena.
Según el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, en entrevista de junio,"mientras el Ministerio Público Federal no ha logrado presentar alguna prueba, la defensa presenta hoy la prueba contundente de la inocencia del presidente Lula”. Para el abogado, se reafirma que el proceso contra Lula "tiene un claro significado político". Él argumenta que "en este momento, con las pruebas que hemos presentado en el alegato final, una sentencia condenatoria será claramente política".
